Los socios de Sánchez atacan la Constitución: «Está agotada y deslegitimada»
Los socios que mantienen a Pedro Sánchez en La Moncloa, entre ellos ERC y Bildu, han firmado una declaración conjunta en la que atacan la Constitución, que este lunes celebra su 43 aniversario. Los aliados del presidente socialista consideran que la Carta Magna está «agotada y deslegitimada» y exigen el «reconocimiento de la plurinacionalidad y de la autodeterminación de los pueblos».
En la nota -firmada por Junts, ERC, CUP, Demòcrates, Crida Nacional, Bildu, BNG, Esquerra Valenciana y MÉS (de Mallorca y Menorca)- los partidos aseguran que seguirán «luchando» para reclamar una demolición del actual modelo de Estado, de forma que se les permita «decidir democráticamente su modelo político». La declaración se produce apenas dos semanas después de que estos socios diesen su apoyo a Sánchez para la aprobación de los Presupuestos Generales que le permitirán agotar la legislatura.
No obstante, el Gobierno, que ha convertido a los partidos separatistas y proetarras en aliados preferentes, ha desoído sistemáticamente los ataques que estos profieren contra la Constitución, marco de convivencia y progreso de los españoles.
«Un año más, la Constitución española será objeto de exaltación y defensa fanática por parte de aquellos que se resisten a responder a las demandas nacionales de nuestros pueblos», destacan en el documento. En sus habituales soflamas, destacan que han pasado 43 años de «un referéndum constitucional, condicionado por la transición impuesta por la estructura fáctica heredada del franquismo, con la Monarquía Borbónica al frente».
A su juicio, esta Constitución «dejó encerrados los derechos» de sus pueblos «entre las líneas de su texto, negando la realidad plurinacional y los consiguientes derechos nacionales de estas naciones». Además, apuntan que la Carta Magna «ha sido fuente de enfrentamiento y sufrimiento en estas décadas». «Nuestros derechos como naciones están atados de pies y manos», añaden.
Contra el Tribunal Constitucional
Sus ataques se extienden contra el Tribunal Constitucional, que consideran que se ha convertido en un «instrumento de recentralización del Estado». Según estas formaciones, el marco autonómico «no sólo está agotado, sin cumplir en muchos aspectos, sino que ha sufrido, además, numerosas laminaciones unilaterales por la acción legislativa del Congreso de los Diputados» y la «intervención invasora» del Constitucional.
También consideran que la Constitución cuenta «con un evidente déficit de legitimidad». Por ello, «ante una Constitución agotada, deslegitimada y convertida en factor condicionante y determinante» de sus «aspiraciones democráticas», piensan que «ya es hora de afrontar cambios estructurales». «Es más, a pesar de discursos y posiciones inmovilistas, el propio Estado español es consciente del fin del ciclo constitucional y de la necesidad de reformas», dicen.
«Nuestras naciones también tienen que alzar su voz. El debate sobre la cuestión territorial va a estar presente y debemos estar preparadas para defender conjuntamente nuestra posición», aseveran.
«Seguiremos demandando y luchando por exigir al Estado un modelo que, desde el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado y del derecho de autodeterminación de los pueblos, permita a la ciudadanía de nuestros respectivos pueblos decidir democráticamente su modelo político y relación con el Estado. Somos naciones y queremos decidir democráticamente nuestro futuro», concluyen.
Precisamente, y después de pactar con ERC o Bildu para asegurar su permanencia en La Moncloa, Pedro Sánchez ha enfatizado este domingo una defensa de la Constitución como «hoja de ruta del Gobierno progresista».
Sin embargo, Sánchez mantiene vigente su plan para reformar la Carta Magna, que se fundamenta en la Declaración de Granada, donde se establece el procedimiento para una reforma federal. Precisamente, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asumido recientemente los trabajos hacia esa reforma dentro de la Ejecutiva socialista.
La base de esa reforma es también la Declaración de Barcelona, firmada entre PSOE y PSC en 2017 y que defiende el «carácter plurinacional» del Estado. En concreto, con respecto a Cataluña, los socialistas consideran que esa reforma debería contemplar «el reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña».
La Declaración de Barcelona propone iniciar una serie de cambios para profundizar en el «autogobierno» de Cataluña y recuperar algunos de los aspectos que el Tribunal Constitucional tumbó del Estatut de 2016. Así, defiende una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, «incorporando las previsiones sobre el Consejo de Justicia de Cataluña y configurándolo como una instancia desconcentrada del propio Consejo General del Poder Judicial»